Hace unos días, desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, se lanzaron una serie de propuestas para aumentar el control sobre el fraude fiscal. En concreto los inspectores solicitaron que se habilitara la posibilidad de trabajar de incógnito y ofrecer recompensas a los que denuncien a quien esté cometiendo fraude.
El procedimiento tributario dicta la normas bajo las que han de funcionar las inspecciones fiscales. En aras de garantizar la seguridad jurídica este procedimiento se inicia bien mediante la notificación por escrito al contribuyente del inicio de las actuaciones o mediante la comparecencia del inspector en las instalaciones del contribuyente.
Los inspectores pueden personarse, sin previo aviso, en las instalaciones del contribuyente para realizar la inspección, pero deberán comunicar al interesado el alcance y significado de la misma y la entrada de los inspectores en esas instalaciones sólo podrá realizarse mediante orden judicial o autorización del contribuyente.
Lo que piden los inspectores es tener las manos libres ya no sólo para poder personarse y entrar en las instalaciones del contribuyente sino, además, poder actuar sin identificarse, alegando que sus averiguaciones serían más efectivas si nadie sabe el objeto de su visita.
Aquí se contraponen los derechos de los contribuyentes, para que estos procedimientos se lleven a cabo en unas determinadas condiciones de seguridad jurídica, frente a la posibilidad de que los inspectores puedan obtener más y mejores datos sobre la actividad que allí se realiza. Por no hablar del concepto de inviolabilidad del domicilio al que todo ciudadano tiene derecho.
Por otro lado este tipo de actuaciones sólo podrían realizarse en las empresas pequeñas. No veo factible que un inspector se presente de incógnito en las oficinas centrales de Telefónica, Iberdrola o ACS, por ejemplo, para mezclarse entre el personal e intentar averiguar si allí se hace todo correctamente. Lo que pone de manifiesto que el gran objetivo de Hacienda es combatir el fraude en las empresas y negocios de menor tamaño, que al final «sólo» son responsables del 15% del total del fraude que se comete en España.
Respecto a recompensar a los que denuncien situaciones fraudulentas, la figura de la denuncia anónima hace muchos años que está instaurada, si bien estas denuncias no se recompensan. ¿Serán más efectivas si se establece un incentivo económico a quienes avisen a la Administración de quién está cometiendo fraude? Yo lo dudo.
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