¿Qué implica ser un administrador de hecho?

Vamos a abordar en esta entrega un concepto jurídico que, a pesar de no estar definido en los textos legales, si que se hace alusión al mismo en muy distintas normativas, con consecuencias importantes. Nos referimos al administrador de hecho o administrador de facto. Se trata de una realidad frente a la que el Derecho no cierra los ojos, y bajo cuya denominación podemos encontrar casos muy distintos, desde aquellos que realmente buscan voluntariamente ejercer como administradores hasta los que, sin ser conscientes de ello, ejercen como tales.

Así, en una primera parte del post vamos a tratar de definir el concepto de administrador de hecho, una construcción basada en la jurisprudencia y en la doctrina. Una vez tengamos definido ese marco, abordaremos qué derivadas se pueden desatar en el orden mercantil, penal, fiscal, etc.

El concepto de administrador de hecho

Para aproximarnos al concepto de administrador de hecho podemos, en primer lugar dejar bien claro lo que no es. Un administrador de hecho de una sociedad no es un administrador de derecho, es decir aquel nombrado conforme a todos los parabienes legales y estatutarios, aquel administrador que además de ejercer como tal formalmente lo es conforme a Derecho.

Frente a ello, tradicionalmente en el ámbito mercantil se venía entendiendo que el administrador de hecho era aquel que, ejerciendo como tal que no llegaba a ostentar el cargo de forma legítima, bien porque su nombramiento estaba viciado, bien porque incurrió en alguna causa de incapacidad o inhabilitación, o bien porque caducó su cargo, tal y como nos recuerda Fernando Astarloa en este artículo. Pero, como seguidamente señala, esa concepción se ve superada por una mucho más amplia, derivada de la jurisprudencia y de la doctrina penal, que se acaba extendiendo a otras ramas del Derecho.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo 59/2007, de 26 de enero, plasma dicha ampliación de concepto:

Será administrador de hecho quien sin ostentar formalmente la condición de administrador de la sociedad, ejerza poderes de decisión de la sociedad y concretando en él los poderes de un administrador de derecho. Es la persona que, en realidad manda en la empresa, ejerciendo en los actos de administración, de obligación de la empresa, aunque formalmente sean realizadas por otra persona que figure como su administrador.

Bajo esta definición podemos encontrar una amplia casuística de administradores de hecho, tal y como se recoge en este artículo de Miguel Lobón:

  • Administradores caducados, viciados, etc,. que siguen ejerciendo como tal. Son los administradores de facto del concepto estricto que citábamos en un primer momento.
  • Administradores ocultos, que sin tener ningún nombramiento como administradores ni aparecer como tales ante terceros, son quienes realmente gestionan la sociedad, siendo los administradores meros testaferros suyos (estos últimos serán administradores aparentes, corresponsables en la misma medida que los administradores de facto).
  • El socio que controla efectivamente la sociedad, pero para ocultar esta situación, lo hace en vez de como administrador como mero apoderado, también es un administrador de facto.
  • Otro tanto ocurre cuando una sociedad alcanza de un modo sobrevenido la unipersonalidad y se omite el nombramiento de administrador.
  • Podriamos entender que existe la figura del administrador de facto por «imprudencia», si se me permite, que acontece cuando un acreedor controla de tal manera una sociedad, al depender esta de su crédito, de las refinanciaciones que le conceda, etc, que acaba imponiendo permanentemente sus criterios en la gestión de la misma.

Consecuencias legales para los administradores de hecho

Respeto al tema de las responsabilidades del administrador de hecho podemos resumirlas en que, con el marco legal actual, están equiparadas a las del administrador de derecho. Otra cosa distinta es que todo se resume al final en un tema de prueba, de que efectivamente se da dicha condición, de que participa activamente en la gestión y dirección, de forma permanente y no sujeta a esferas superiores de aprobación o decisión.

Una vez tenemos eso claro, la Ley de Sociedades de Capital es clara en su 236:

Los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

Pero es que, además, y estos es importante para aquellos acreedores que ejercen como administradores de facto, al ser equiparados, los créditos de los mismos ante la sociedad que están gestionando son de carácter subordinado, algo que muchas veces se olvida. Así, el pasarse de la raya controlando a un deudor en el afán de garantizar los créditos, puede conllevar, paradójicamente, el que estos resulten perjudicados.

Si hablamos del Código Penal tenemos el articulo 31 y su trasferencia de responsabilidad penal al administrador, de hecho o de derecho, de una sociedad , aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la sociedad, además de los tipos penales de delitos societarios de los artículos 293 y siguientes que expresamente hacen referencia a la figura del administrador de hecho.

Tampoco la legislación tributaria se olvida del administrador de hecho, ya que en el 43.1.a. de la Ley General Tributaria se considera responsables subsidiarios a los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

Además, en el 43.1.b. se extiende dicha responsabilidad a los supuestos de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

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