Una decisión difícil: cuándo acudir a un concurso de acreedores

El concurso de acreedores no debe ser la antesala del fallecimiento de una empresa por la imposibilidad de hacer frente a sus pagos. Más bien, todo lo contrario. De hecho, la mayoría de expertos en derecho concursal recuerdan que el concurso es una herramienta para salvar a la compañía de la quiebra, aunque más del 90% de las sociedades intervenidas acaban en liquidación.

Un concurso es un procedimiento jurídico ideado para solventar los problemas de insolvencia y falta de liquidez de un negocio. En España, los concursos de acreedores también se pueden aplicar a los autónomos y personas físicas, aunque en la mayoría de ocasiones son las sociedades quienes solicitan estos procedimientos.

Los objetivos fundamentales de la ley concursal son lograr el pago a los acreedores y buscar soluciones para la continuidad de los negocios. En principio, el procedimiento concursal protege a los más débiles, ya que prioriza los pagos a trabajadores y acreedores de menor facturación.

Si un empresario solicita un concurso de acreedores, el juez se hace cargo de la sociedad y puede llegar a paralizar ejecuciones de deuda e, incluso, aplazar algunos pagos. En definitiva, se trata de ayudar a empresas y profesionales autónomos a articular una forma ordenada de saldar sus deudas.

Cuándo solicitar el concurso

El deudor puede recurrir a la justicia cuando se vea sumido en una situación de insolvencia, es decir, ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones crediticias y pagos a sus proveedores. La Ley concursal subraya la diferencia entre un “bache temporal” y una clara situación de insolvencia.

Por lo tanto, la compañía debería atravesar por verdaderas dificultades económicas que prevean su quiebra en un corto espacio de tiempo. La empresa pasaría por un proceso de saneamiento para que los trabajadores continúen su actividad y los acreedores cobren su deuda parcialmente o en su totalidad.

Proceso concursal

El procedimiento puede ser voluntario o forzoso dependiendo de quién solicite el concurso de acreedores a la justicia. Si el deudor se somete al concurso, deberá presentar la solicitud en los dos próximos meses siguientes a la fecha de anunciar su insolvencia.

El juez decide las deudas justificadas que entran en el concurso y nombra a uno o varios administradores, que se encargan de negociar con los acreedores los plazos de pago e, incluso, las quitas. En caso de llegar a un acuerdo, los administradores concursales firmarán un convenio de acreedores que especifique los plazos y cantidades que se pagarán.

Si no hay acuerdo con los acreedores, no se cumple lo pactado o el concursante opta por la quiebra, se procederá a la liquidación de la sociedad. Son pocos los negocios que remontan en España, ya que apenas el 6% logra un acuerdo para reestructurar su deuda. Según algunos gestores, las compañías eligen entrar en concurso “demasiado tarde” y en la “antesala de la quiebra”.

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